Durante el año 2023, Fundación Esplai dinamiza el Debate del Tercer Sector entorno al tema de la «Justicia Educativa y el Tercer Sector en el ámbito penitenciario». Hemos entrevistado a diferentes personas expertas que nos aportan su visión y propuestas sobre diferentes aspectos de la intervención en los centros penitenciarios. Reproducimos la entrevista a Lourdes Gil Paisán coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Técnica superior de Instituciones Penitenciarias en la especialidad de Sociología desde 1990. Ha trabajado con población privada de libertad en materia de adicciones, inserción laboral, pers- pectiva de género y cultura. Desde 2018 desempeña el puesto de coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que supone la gestión de los 82 centros penitenciarios y centros de inserción social que dependen de la Admi- nistración General. Esta gestión aborda materias referidas a la situación penitenciaria y a sus itinerarios de inserción: programas específicos, formación, cultura, deporte, coordinación de los diferentes niveles educativos, coordinación de las entidades y ONG que intervienen en los centros penitenciarios
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Es indudable que el Sistema Penitenciario Español ha experimentado un formidable y positivo cambio en los últimos 25 años, en el amplio contexto de lo que llamamos “Justicia Educativa”. En este escenario y en el tercer milenio en el que nos encontramos, ¿cuáles serían las asignaturas pendientes en este mismo escenario?
Teniendo en cuenta el marco conceptual de la Justicia Educativa, entiendo que la educación sigue siendo el elemento diferenciador, como herramienta personal para enfrentar una sociedad repleta de incertidumbres tendente a procesos de desigualdad y exclusión, a veces, sin punto de retorno. La Institución Penitenciaria como organización debe seguir profundizando en modelos de gestión que primen y favorezcan diferentes modelos educativos dentro de los centros penitenciarios, con una apuesta eficaz y real en materia de formación profesional, certificación de competencias profesionales —por supuesto incluyendo la capacitación en competencias digitales—, sin olvidar la educación básica para aquellos/as que llegan al medio penitenciario con procesos educativos muy deficitarios (en la línea del analfabetismo) que les sitúan en una subescala social donde la exclusión social es patente, incluso en el marco de los derechos fundamentales. La educación debe ser un objetivo prioritario en el medio penitenciario y esto exige ir adecuando nuestro sistema penitenciario cada vez más desde lo organizativo y lo funcional, para persistir en un marco penal que apuesta por ciudadanos/as que pueden vivir en un marco normativo y que pueden hacerlo desde posiciones de participación social más competentes.
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¿Qué importancia tiene ahora el papel de la sociedad civil organizada en la vida coti- diana de la prisión, en su organización y funcionamiento? ¿Qué importancia debería tener en el futuro, por ejemplo, en una perspectiva de 6 u 8 años?
La sociedad civil se hace presente en la prisión a través de entidades orientadas a la formación profesional, la cultura, el deporte; también en organizaciones no gubernamentales que, a través de su voluntariado, acompañan procesos terapéuticos, educativos, culturales y otros; y, por supuesto, las instituciones educativas.
La participación, el compromiso, el vínculo social generado entre cada una de estas personas que acude a los centros penitenciarios y las personas privadas de libertad —y el trabajo de colaboración que se establece con la administración penitenciaria— son elementos que permiten a cada persona privada de libertad seguir perteneciendo y participando en la sociedad. Entendiendo que, a pesar de la rutina de la cárcel, de los muros físicos, ellos y ellas siguen siendo —al menos un poco— parte de esa sociedad que también ratifica el modelo de separación social que supone el cumplimiento de una pena privativa de libertad.
En un futuro, entiendo que la sociedad a través de esos grupos sociales que he señalado y que participan en el medio penitenciario debe tener una mayor implicación organizacional, mejorar el modelo del Consejo Social Penitenciario, tanto local como nacional, propiciando así una participación más comprometida en el medio penitenciario, que significará ser partícipe en mayor o menor medida de los objetivos fijados por la propia institución, es decir un modelo de gestión más horizontal.
- En una conversación informal con diferentes profesionales de un centro penitenciario, la subdirectora de tratamiento exponía esta idea: “La brecha digital en el ámbito penitenciario es enorme, no solo porque muchos de sus moradores apenas tienen competencias digitales básicas, sino también porque los dispositivos existentes son escasos y casi inservibles. Además, no está integrada todavía en el ‘disco duro’ mental del tratamiento penitenciario la importancia de la educación digital para incrementar sus posibilidades de inserción sociolaboral, para potenciar talento, para favorecer su comunicación e integración en su entorno familiar y comunitario, para ampliar su mundo de relaciones y conocimientos, para todo.” ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre esta cuestión?
La no capacitación digital de las personas privadas de libertad es real, como es real que cuan- do se evalúa el nivel de las personas privadas de libertad que solicitan participar en una actividad educativa seguimos encontrando personas analfabetas. En porcentajes más elevados encontra- mos personas que tienen estudios primarios incompletos y quienes solicitan realizar la educación secundaria en prisión, como continuación a un proceso de abandono escolar previo o de fracaso escolar —dato muy relevante entre la población reclusa—.
Como prioridad tenemos la de eliminar el analfabetismo y apoyar la vuelta al medio educativo, no solo para consolidar una capacitación que nos permita avanzar a procesos laborales más cualificados, sino también para poder vivir en sociedad de una forma más respetuosa, más crítica, más honesta y más empática.
Respecto a las necesidades educativas de la población opino que las respuestas deben especializarse. Por ejemplo, para aquellos/as privados/as de libertad cuya edad esté entre los 18 y los 35 años, sus necesidades generacionales serán la capacitación educativa en el marco de la formación profesional, la finalización de la secundaria, la mejora en el domino de otro idioma y, por supuesto, la capacitación digital, como generación digital que son, pues el contexto de uso de herramientas digitales está unido a su vida cotidiana. La capacitación digital les facilita mejorar su formación a través de las tecnologías y, además, mejora cualitativamente su futura inserción laboral.
En esta franja de edad se mueven con facilidad en las redes sociales, se comunican y se informan a través de ellas, y es por eso que todo lo que la institución avance en la implantación de TIC en el medio penitenciario será significativo para una institución orientada a la inserción social.
Nuestra institución, como la propia sociedad, da signos de envejecimiento. Para aquellos/as que tienen más de 45 años la capacitación digital debe ir orientada, en primer lugar, a dar respuesta a necesidades de la vida cotidiana, teniendo en cuenta que algunas de estas personas acumulan años de estancia en el medio penitenciario y la vuelta a la vida en libertad cada vez se les hace más cuesta arriba. Al resto de dificultades hay que añadir que en muy poco tiempo la llamada sociedad tecnológica se ha convertido en una sociedad digital.
Además, ya estamos poniendo los cimientos para abordar esta capacitación en la llamada generación de plata. Esto es una realidad que nos ocupa y nos preocupa, pues el porcentaje de personas privadas de libertad de más de 60 años ronda el 5%. A estas personas la capacitación digital debe facilitarles la vida cotidiana: gestiones bancarias, administrativas o de ocio, así como familiarizarse con el uso de teléfonos móviles con acceso a internet.
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Hablemos de la preparación para la vida en libertad. Es urgente y necesario trabajar más y mejor este tema como eje vertebrador de la vida cotidiana de la prisión y del cumplimiento de la condena. ¿Podrías señalar unos avances y carencias de nuestro sistema penitenciario en este aspecto?
Todo lo ejecutado en el medio penitenciario en las áreas educativa, formativa, terapéutica, cultural, laboral y deportiva se diseña e implementa para la preparación de la vida en libertad, desde mi punto de vista. Aun siendo inevitable el cumplimiento en régimen ordinario por razones penales y penitenciarias, este régimen dificulta el proceso de toma de decisiones personales, la responsabilidad y la autonomía, es por ello que debemos profundizar en el diseño de itinerarios coparticipados donde la persona privada de libertad comienza a tomar las riendas de su vuelta a la libertad. Se deben trabajar no solo las situaciones de éxito, sino, sobre todo, las de fracaso, desde la autocrítica y la reflexión por parte del interesado/a siempre con el acompañamiento de profesionales intra- o extrapenitenciarios y desde lo educativo, superando el marco punitivo y sancionatorio, que sigue siendo excesivamente recurrente en nuestro medio.
Comparto, además, un modelo penitenciario que apuesta por el cumplimiento en régimen de semilibertad, puesto que en este marco normativo es más evidente que puede apostarse por una forma de intervención con las personas privadas de libertad en la que se desdibuja física y conceptualmente la no pertenencia social. Cuando se cumple en un régimen de semilibertad, la persona está en sociedad, se hace responsable de sus relaciones familiares, personales, su marco laboral es el de un ciudadano/a más, es partícipe de los recursos sociales que el sistema ofrece y, por supuesto, está obligado/a al cumplimiento normativo que nos obliga a todos y a todas.
En los últimos años, hemos avanzado en el número de personas que acceden a un régimen de semilibertad; este dato cuantitativo en sí mismo es muy positivo, unido al número de personas cuyos delitos son sancionados con penas y medidas alternativas. Este debe ser el camino, pues es evidente que los modelos de cumplimiento basados en la separación y la infantilización no ayudan a propiciar desarrollos personales encaminados a la toma de decisiones responsables. La vía del cumplimiento en régimen de semilibertad exige una mayor profundización en su diseño y una apuesta por la cooperación con las entidades locales y comunitarias.
Otro avance importante, este en el régimen de vida ordinaria, es seguir avanzando en la especialización de los espacios residenciales, módulos de respeto con diferentes con- cepciones terapéuticas, de inserción laboral, mixtos. Módulos donde se abordan la salud mental, las adicciones.
El reto es la intervención en módulos donde el individuo presenta dificultades personales que limitan sus posibilidades de participación y su horizonte vital, y quizá la educación sea un elemento de enganche hacia otros proyectos vitales.
Acompañar, empatizar, auto responsabilizar, son acciones encaminadas a generar proyectos vitales de preparación para la libertad que permitan la autocrítica y excluyan de forma contundente una actitud juzgadora por parte de los responsables sociales de estos procesos, además de hacer pedagogía en la sociedad en este sentido, facilitando así la inserción de las personas privadas de libertad.
