• EAPN-ES ha presentado su XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, un análisis actual y en profundidad de los indicadores de pobreza en España y en las CCAA.
• Pese a la mejora de los datos de pobreza, la inflación, el gasto en vivienda y la crisis energética lastran la recuperación de los hogares: más de 12 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
• Sin políticas de protección social ni pensiones públicas la situación de pobreza afectaría a casi la mitad de la población.
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado este martes 17 de octubre su XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en España. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022’, un trabajo de investigación de primera línea sobre los indicadores de pobreza en España y sus comunidades autónomas.
La rueda de prensa se ha llevado a cabo en el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa de Madrid, con la participación de Carlos Susías Rodado, presidente de EAPN España y EAPN Europa, Juan Carlos Llano Ortiz, responsable de Investigación de EAPN-ES, y Ruth Caravantes Vidriales, técnica de Incidencia de EAPN-ES. Posteriormente, el Informe se ha presentado al público en el Congreso de los Diputados con la presencia de representantes institucionales y de entidades del Tercer Sector, referentes académicos y personas expertas de diferentes ámbitos.
La presente edición del Informe incluye como novedad un análisis de la relación entre las tasas de pobreza y exclusión social y elementos específicos como la vivienda, el género, la edad o la influencia del hábitat. Las conclusiones en este sentido son muy preocupantes: el coste de la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores se constituyen como factores clave para la generación de pobreza en España.
Se comprueba también que el empleo y la educación siguen siendo fundamentales por su potencial preventivo, aunque pierden fuerza como factores de protección frente a la pobreza. En 2022 se reafirma una tendencia detectada en los últimos años -producto de los bajos salarios y de la precarización del mercado laboral desde 2008-, que el empleo sin condiciones adecuadas no garantiza ingresos suficientes para salir de la pobreza: una de cada tres personas pobres (32,9%) tiene un empleo remunerado.
Situación similar se aprecia en la educación. Según el Informe, el 42,9% de la población en riego de pobreza y/o exclusión social ha finalizado estudios medios o altos, mientras que una de cada diez personas con educación superior está en riesgo de pobreza. En términos absolutos, 1,4 millones de personas pobres tienen educación superior, cifra que se ha duplicado desde 2008 (674.000 personas), y es la más alta de todo el periodo estudiado.
En el caso concreto de la vivienda, en 2022, cuatro de cada cinco personas con gasto elevado en vivienda eran pobres (79,1 %). Como se señala en el estudio, las personas en situación de pobreza tienen menos acceso a la propiedad y, por tanto, alquilan más. A su vez, el alquiler, además de generar inseguridad, resulta mucho más caro que la hipoteca y consume una parte importante de los recursos disponibles. El gasto dedicado a la vivienda entre la población en pobreza equivale al 39,1 % de los ingresos del hogar, un esfuerzo más de tres veces superior al que realizan las personas no pobres (12,5 %).
Por otro lado, se constata que la desigualdad de género es un problema histórico y estructural que requiere abordajes específicos, dado el mantenimiento temporal de peores indicadores de pobreza y/o excusión social entre las mujeres. Según el Informe, el 27,2% de las mujeres y el 24,8% de los hombres estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión. Además, las políticas de recuperación no llegan por igual a ambos sexos: desde 2015, las políticas sociales han conseguido que haya medio millón de hombres pobres menos, mientras que solo 61.000 mujeres han salido de la pobreza en el mismo periodo.
Asociada a lo anterior, una de las conclusiones más preocupantes de la investigación es la relativa a las familias con menores a cargo, que registran cifras más altas para todos los indicadores de pobreza y exclusión. Esta situación de vulnerabilidad se traduce en cifras elevadas de pobreza infantil. En España, casi 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, un tercio del total (32,2 %). La peor parte se la llevan las familias monoparentales: el 49,2 % está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La casi la totalidad de estos hogares están formados por una mujer con menores a cargo.
MEJORES DATOS, PERO INSUFICIENTES
En términos generales, los indicadores de pobreza y exclusión social han experimentado una mejoría respecto a 2021. Según el Informe, en 2022 había en España 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, el 26 % de la población, 800.000 personas menos. La cifra está aún alejada de los objetivos previstos por la ONU en la Agenda 2030.
También se ha reducido en unas 600.000 las personas que se encuentran en situación de pobreza severa. Sin embargo, estas cifras son todavía extraordinariamente elevadas: 4,2 millones de personas sobreviven con ingresos inferiores a 560 € al mes por unidad de consumo. Tendencia similar se aprecia en los datos de desigualdad, que ha disminuido hasta niveles de 2008: la renta media por persona registra el mayor incremento desde ese año y alcanza los 13.008 € (738 € más que en 2021).
Sin embargo, pese a la mejora general, el deterioro de algunos indicadores muestra el impacto de las últimas crisis en los hogares más vulnerables, asociado al precio de la vivienda, de los alimentos y de la energía. En 2022, casi la mitad de la población española presentó dificultades para llegar a fin de mes (47,8 %); un tercio no pudo permitirse al menos una semana de descanso vacacional al año (33,5 %); y el 17,1 % no consiguió mantener su vivienda a una temperatura a adecuada (14,3 % en 2021 y 10,9 % en 2020).
EL PAPEL PROTECTOR DEL ESTADO
Otra de las novedades del Informe es el análisis del papel que tienen las Administraciones del Estado en el sostenimiento de la calidad de vida de las personas. Según los datos, sin políticas de protección social ni pensiones públicas, el número de personas en situación de pobreza se duplicaría, llegando a afectar a casi la mitad de la población. En el caso de la pobreza severa, afectaría a casi un tercio de la población y la desigualdad presentaría cifras desorbitadas: el 20% más rico ganaría en torno a 48 veces más que el 20% más pobre.
Los datos muestran que el mero crecimiento económico no es suficiente para luchar contra la pobreza: se necesitarían 68 años de crecimiento ininterrumpido del PIB per cápita para acabar con la pobreza en España. Esto se suma a lo publicado en el informe del pasado año, donde la investigación de EAPN-ES reveló que las medidas comprendidas en el llamado ‘Escudo Social’ evitaron que un millón y medio de personas cayese en situación de pobreza o exclusión.
“Se ha constatado que las políticas sociales son eficaces, pero hay que ser más ambiciosos y acompañarlas con políticas de justicia fiscal. Acabar con la pobreza es una decisión política y una cuestión de derechos” señala al respecto Carlos Susías.
LAS DIFERENCIAS POR CCAA
El XIII Informe incorpora también un apartado específico sobre las Comunidades Autónomas, donde el territorio se revela como una fuente significativa de desigualdad. Los datos muestran un año más una división de España en dos mitades: las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan por lo general tasas más bajas de pobreza y/o exclusión social. Por el contrario, aquellas situadas al sur, registran cifras extraordinariamente elevadas y muy por encima de la media nacional.
Desde EAPN-ES consideran que “es el momento” de plantear un Pacto Estatal de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, con el objetivo de abordar -con una marcada perspectiva de género-, ámbitos como la calidad del mercado laboral, la garantía de ingresos, o el derecho de acceso y mantenimiento a una vivienda, además de apostar por políticas económicas y fiscales redistributivas que pongan a las personas en el centro.
Puedes descargarte el XIII Informe en el enlace de abajo:
Puedes volver a ver la Rueda de prensa en el enlace de abajo:
