Durante el año 2023, Fundación Esplai dinamiza el Debate del Tercer Sector entorno al tema de la «Justicia Educativa y el Tercer Sector en el ámbito penitenciario». Hemos entrevistado a diferentes personas expertas que nos aportan su visión y propuestas sobre diferentes aspectos de la intervención en los centros penitenciarios. Reproducimos la entrevista a José Suarez Tascón director gerente de la entidad estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peni- tenciarias. Durante los doce últimos años ha desempeñando el cargo de director gerente de la entidad estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, entidad que gestiona el trabajo en prisión y la formación profesional para el empleo y la inserción laboral. Tiene una amplia experiencia en gestión de programas en la Administración Penitenciaria
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Es indudable que el Sistema Penitenciario Español ha experimentado un formidable y positivo cambio en los últimos 25 años, en el amplio contexto de lo que llamamos “Justicia Educativa”. En este escenario y en el tercer milenio en el que nos encontramos, ¿cuáles serían las asignaturas pendientes en este mismo escenario?
Estoy plenamente de acuerdo en que el Sistema Penitenciario Español ha experimentado un cambio extraordinario en todos los órdenes, tanto en la actualización del sistema jurídico regulatorio como en infraestructuras. Podemos decir sin temor a equivocarnos que es la institución que mayor transformación ha sufrido a lo largo es estos años. En cuanto a lo que entendemos por Justicia Educativa, también ha habido considerables cambios en este ámbito. Partimos de la Justicia Educativa como un derecho de ámbito universal, que abarca un principio de igualdad de todas las personas y cuya garantía corresponde a las instituciones del Estado. En el contexto en que trabajamos, entiendo que el concepto de Justicia Educativa va más allá de que se haya implantado un sistema de formación reglada al igual que en otros contextos sociales, y cuya importancia es incuestionable. Uno de los principales retos que tenemos como Administración y como sociedad es el de trabajar por un sistema de justicia que promocione y que prepare para la inserción social a las personas privadas de libertad, que en no pocas ocasiones han visto mermadas sus oportunidades de integración. Y para ello se les debe proporcionar habilidades y conocimientos necesarios, que deben abarcar actuaciones que van más allá de la formación reglada.
Son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo en este sentido, con programas específicos que tratan de dar respuesta a las diferentes situaciones que el colectivo de personas privadas de libertad demanda, y que más allá de conocimientos teoricotécnicos, enseñan a las personas a desenvolverse en situaciones concretas. Entiendo que este es un planteamiento dinámico que debe ir adaptándose a los vertiginosos cambios que se producen en la sociedad.
Además de algunas modificaciones de derecho positivo, que adecuen el marco jurídico penitenciario a los cambios legislativos que se han producido en los últimos años, como el nuevo régimen de la libertad condicional u otras formas de cumplimiento de condena, la Institución Penitenciaria debe abordar otros retos de carácter interno que no precisan de modificaciones legales.
Uno de los retos fundamentes es la implantación de las nuevas tecnologías, tanto en la organización y gestión de los centros penitenciarios como en los distintos planes de formación que se desarrollan en cada centro. Esto es algo incuestionable, las personas que están privadas temporalmente de libertad no pueden quedar al margen de los avances sociales. Si hace años trabajamos prioritariamente en programas de alfabetización para que todas las personas supieran al menos leer y escribir, ahora tenemos que encaminar nuestros esfuerzos a desarrollar programas de alfabetización digital para que, una vez alcancen la libertad, sean capaces de desenvolverse normalmente en la sociedad.
Otro de los retos sería desarrollar de forma generalizada “itinerarios personalizados de inserción sociolaboral” desde el primer momento de ingreso en prisión. Debemos aprovechar todo el tiempo que el interno/a está ingresado/a en prisión para preparar su posterior inserción tanto en la sociedad como en el campo del trabajo.
También tenemos que tener en cuenta el cambio de perfil del colectivo de personas privadas de libertad y diseñar programas específicos. A título de ejemplo, en la actualidad, el porcentaje de personas sexagenarias que se encuentran en prisión ha crecido de forma notable. Son un colectivo que sufre de manera especial el rigor de la prisión. En la mayoría de los casos podrían cumplir sus condenas en un régimen penitenciario más acorde a su situación y con una atención especializada. Lo mismo cabría decir de otro tipo de etiologías delictivas, que hacen difícilmente justificable un sistema rígido de cumplimiento. Otro de los temas a abordar sería el “trabajo en prisión”. La Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) establece que el trabajo es un derecho del interno/a y un elemento fundamental del trata- miento. Pero, actualmente, y a pesar de los esfuerzos realizados, solamente un tercio de la población reclusa tiene la posibilidad de trabajar. Debería revisarse la legislación que regula la “relación laboral especial” de internos/as trabajadores/as implantado fórmulas que hicieran más atractiva esa posibilidad para empresarios/as, como se hace con el régimen de los centros especiales de empleo, o desarrollar lo dispuesto en el artículo 30 de la LOGP.3
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¿Qué importancia tiene ahora el papel de la sociedad civil organizada en la vida coti- diana de la prisión, en su organización y funcionamiento? ¿Qué importancia debería tener en el futuro, por ejemplo, en una perspectiva de 6 u 8 años?
La labor que desempeña la sociedad civil ya es importante en estos momentos. Son muchas las personas que, a través de ONG, fundaciones, etc. colaboran con la institución penitenciaria para lograr la ansiada tarea de inserción de las personas condenadas. Sabemos que la administración penitenciaria, por sí sola, no puede solucionar las cuestiones de reintegración social de las personas que han sido condenadas a penas de privación de libertad. El Gobierno, las instituciones privadas, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro, empresas y un largo etcétera tienen cabida en los programas rehabilitadores, e incluso deben ejercer, como miembros de la comunidad, su cuota de responsabilidad en este aspecto social tan importante, pues todos ellos, junto con la ciudadanía, serán los primeros beneficiarios de sus resultados.
De cara al futuro, y sin esperar tanto tiempo, esta colaboración se irá incrementando y mejorando, integrando sus actuaciones en la planificación y programas a realizar en los centros penitenciarios, formando equipos multidisciplinares donde estén integradas las personas técnicas de las organizaciones junto con los y las profesionales penitenciarias.
Creo que la llamada sociedad civil debe desempeñar un papel fundamental en la última fase del cumplimento de la condena, en el crítico momento de abandonar la prisión y pasar a un ámbito de libertad, en el que la administración penitenciaria pierde ya sus competencias. En esta etapa es importantísima la labor que la denominada sociedad civil puede realizar.
- En una conversación informal con diferentes profesionales de un centro penitenciario, la subdirectora de tratamiento exponía esta idea: “La brecha digital en el ámbito penitenciario es enorme, no solo porque muchos de sus moradores apenas tienen competencias digitales básicas, sino también porque los dispositivos existentes son escasos y casi inservibles. Además, no está integrada todavía en el ‘disco duro’ mental del tratamiento penitenciario la importancia de la educación digital para incrementar sus posibilidades de inserción sociolaboral, para potenciar talento, para favorecer su comunicación e integración en su entorno familiar y comunitario, para ampliar su mundo de relaciones y conocimientos, para todo.” ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre esta cuestión?
Estoy totalmente de acuerdo con estas manifestaciones. Actualmente las carencias de la población penitenciaria en esta materia son enormes. Aunque se están desarrollando iniciativas puntuales que tratan de paliar esa deficiencia, la situación general es muy precaria, en ocasiones por falta de herramientas que permitan desarrollar esas habilidades, y en otras por las prevenciones de la propia administración justificadas por “razones de seguridad”.
Se están dando importantes pasos hacia la digitalización, que sin duda nos llevarán a la implantación de la “celda digital” donde el interno/a disponga de internet, con las limitaciones que sean pertinentes, para poder realizar formación online, leer la prensa, comunicarse con su familia y realizar diferentes trámites de la vida diaria en prisión. Estoy seguro que ese será el gran proyecto a desarrollar en los próximos años.
- Hablemos de la preparación para la vida en libertad. Es urgente y necesario trabajar más y mejor este tema como eje vertebrador de la vida cotidiana de la prisión y del cumplimiento de la condena. ¿Podrías señalar unos avances y carencias de nuestro sistema penitenciario en este aspecto?
Es evidente que en esta materia nunca son suficientes los esfuerzos que se realizan por la Administración Penitenciaria, aunque a veces parece que no somos del todo conscientes de que tenemos que educar para la libertad. Durante la estancia en prisión, las personas internas que lo deseen pueden seguir una gran diversidad de programas especializados de tratamiento o acciones formativas para el empleo, que, sin duda, incrementan las posibilidades de inserción social y laboral.
Como acciones significativas se pueden citar los diferentes programas específicos puestos en marcha por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que abordan las diferentes problemáticas que se dan en el contexto actual, así como los Planes de Formación Profesional para el Empleo y la Inserción Laboral financiados por el Ministerio de Educación, el Servicio Público de Empleo y el Fondo Social Europeo, y que son gestionados por la entidad estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Permiten a las personas que superan con éxito estos programas obtener el correspondiente certificado de profesionalidad.
Además, y de forma específica, hay que citar el programa Reincorpora financiado por la Fundación Bancaria “La Caixa”. El Reincorpora ha sido actualizado con una nueva metodología, denominada EPYCO, cuyo objetivo último es mejorar las competencias para el empleo de las personas privadas de libertad mediante la implantación de itinerarios grupales y personalizados de inserción sociolaboral. Esta metodología, que se desarrolla fundamentalmente en los centros de inserción social, ha conseguido reducir a la mitad el tiempo de incorporación del interno a la vida laboral.
